Artículo 14.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Nueva York - 1966.
El Recurso de Apelación Penal es el medio más amplio para poder revisar una sentencia condenatoria en España. Una oportunidad fundamental a la hora de cuestionar no solo el Derecho aplicado, sino incluso la revisión de los hechos declarados probados por el Juez de primera instancia y la pena impuesta. A través de un análisis detallado de las pruebas practicadas y de los fundamentos jurídicos que determinaron la resolución del caso, el Recurso de Apelación abre la posibilidad de obtener una sentencia completamente diferente.
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, generalizó la segunda instancia para todos los procedimientos penales y con ello se modificó el sistema de recursos en España, dando una importancia decisiva al Recurso de Apelación en el sistema de impugnación de sentencias penales, reduciendo progresivamente el ámbito de la Casación Penal a su sentido originario, esto es, la revisión de las infracciones de ley en sentido estricto y ampliando el acceso al Recurso de Casación Penal para todos los delitos.
El Recurso de Apelación Penal fiscaliza la sentencia dictada en primera instancia sometiendola a un tribunal superior, quien revisará los motivos alegados en el recurso y dictará una nueva sentencia, la cual y en supuestos tasados, podrá ser a su vez recurrida en casación, sin poder elevar al Tribunal Supremo las alegaciones no planteadas en segunda instancia. Por este motivo, la Apelación y Casación Penal están directamente relacionadas y la estrategia de recurso debe ser coherente en ambas instancias.
El Recurso de Apelación Penal es el medio más amplio para poder revisar una sentencia condenatoria en España. Una oportunidad fundamental a la hora de cuestionar no solo el Derecho aplicado, sino incluso la revisión de los hechos declarados probados por el Juez de primera instancia y la pena impuesta. A través de un análisis detallado de las pruebas practicadas y de los fundamentos jurídicos que determinaron la resolución del caso, el Recurso de Apelación abre la posibilidad de obtener una sentencia completamente diferente.
La Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, generalizó la segunda instancia para todos los procedimientos penales y con ello se modificó el sistema de recursos en España, dando una importancia decisiva al Recurso de Apelación en el sistema de impugnación de sentencias penales, reduciendo progresivamente el ámbito de la Casación Penal a su sentido originario, esto es, la revisión de las infracciones de ley en sentido estricto y ampliando el acceso al Recurso de Casación Penal para todos los delitos.
El Recurso de Apelación Penal fiscaliza la sentencia dictada en primera instancia sometiendola a un tribunal superior, quien revisará los motivos alegados en el recurso y dictará una nueva sentencia, la cual y en supuestos tasados, podrá ser a su vez recurrida en casación, sin poder elevar al Tribunal Supremo las alegaciones no planteadas en segunda instancia. Por este motivo, la Apelación y Casación Penal están directamente relacionadas y la estrategia de recurso debe ser coherente en ambas instancias.
En García Zurita Defensa Penal nos coordinarnos con el abogado que ha llevado la dirección letrada de la causa en primera instancia, a fin de conocer el expediente con todo detalle e ir avanzando el análisis incluso antes de dictarse sentencia, revisando la instrucción de la causa y la grabación del acto del juicio.
El Recurso de Apelación penal, debe analizar el quebrantamiento de las normas y garantías que deben respetarse en todo proceso penal, así como la infracción de las normas penales sustantivas que debieron servir a la resolución del caso, rectificar los errores en la apreciación de la prueba e incluso proponer nuevos medios de prueba y por último, revisar si a lo largo del expediente se han garantizado los Derechos Fundamentales del ciudadano.
Nuestro despacho se integra en la cadena de valor de multitud de despachos de abogados nacionales e internacionales de modo que una vez se dicta una sentencia condenatoria, el protocolo de gestión es eficaz e inmediato, atendiendo al breve plazo procesal que establece la ley para la interposición de los recursos procedentes.